Las cuatro asociaciones de jueces han criticado severamente la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE ya que "inutiliza" la acción popular en los procesos judiciales, es "inconstitucional" y parece creada para su "específica aplicació a casos concretos".
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha expresado su preocupación por la modificación de la figura de las acusaciones populares que parecen buscar "la impunidad" en causas abiertas actualmente. Esta situación, según del Barco, choca con la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Del Barco ha destacado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para darle al fiscal la instrucción de las causas penales podría ser más adecuada que la propuesta actual. Además, ha mencionado que existen serias dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta, ya que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
La exclusión de las formaciones políticas de la acción popular ha sido criticada por Del Barco, quien reconoce el abuso de esta acción pero destaca que ha permitido condenas por delitos relacionados con la corrupción política. Asimismo, ha cuestionado la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para incluir una nueva causa de abstención y recusación de los magistrados por manifestaciones públicas.
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha lamentado la falta de generalidad en la propuesta de ley y ha expresado su preocupación por la disposición transitoria única que podría afectar a procesos en curso. También ha criticado la exclusión de las asociaciones judiciales de la acción popular.
Edmundo Rodríguez de JJpD considera un error la regulación de la acusación popular en esta propuesta de ley y aboga por un tratamiento coherente en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También critica la exclusión de los partidos políticos de la acusación popular y la limitación de esta en la fase de instrucción.
Las asociaciones de jueces expresan su preocupación por las modificaciones propuestas en la ley, argumentando que podrían afectar gravemente a la independencia judicial y la imparcialidad del sistema. La derogación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos es vista como un acierto, pero se plantean reservas sobre otros aspectos de la propuesta.